¿Una o dos?

La organización del Estado en una democracia tiene como principio fundamental la aversión a la concentración de poder. El rey, el tirano o el autócrata es sustituido por un sistema tripartito de poderes que, balanceándose entre sí, no permiten que ninguno sea, o pretenda ser, absoluto.

La separación y el equilibrio entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, frenándose uno a otro, garantizan una democracia de calidad.

Sin embargo, nuestra historia reciente demuestra que los esfuerzos democráticos enfrentan cíclicamente dos amenazas: la primera, el vacío o debilitamiento del poder seguido del golpe de Estado; y, la segunda, la concentración paulatina de poder que lleva a la autocracia. Ambas amenazas están determinadas por dos factores. Uno es el diseño del Congreso como unicameral o bicameral.

El otro, no menos relevante, es la elección de presidentes débiles o fuertes respecto de las fuerzas políticas que lo respaldan en el Congreso. La combinación de las cuatro posibilidades resultantes resume nuestras cumbres y abismos políticos.

Los poderes ejecutivos débiles, es decir, aquellos que no tienen mayoría en el Congreso, terminaron en golpes de Estado cuando el Parlamento fue bicameral. Recordemos el final del primer gobierno de Belaunde, en 1968, y el de Fujimori, en 1992. En el otro extremo, el Poder Ejecutivo fuerte, o sea, aquel que tiene mayoría en el Congreso, termina convirtiéndose en autocracia cuando el Congreso es unicameral.

El caso evidente es el de Fujimori de 1992 a 2000. En estos dos extremos, o los poderes se entrampan en su lucha y se produce un vacío de poder o este se concentra de tal modo y con tanta fortaleza que la diferencia entre ese régimen y una dictadura llega a ser casi imperceptible.

De otro lado, un Ejecutivo débil, sin mayoría en el Congreso, puede sobrevivir con eficacia en sistemas unicamerales como hoy lo hace García. Toledo es el ejemplo extremo de un presidente que llegó a bajar a un 7% de popularidad y culminó su mandato.

Del mismo modo, un Ejecutivo fuerte, casi con mayoría en las dos cámaras (Belaunde en su segundo gobierno y García en el primero), puede vivir en democracia sin temor a convertirse en una dictadura, dado que las dos cámaras reducen la capacidad de acción del Ejecutivo, tal como sucede en los sistemas políticos bipartidistas.

Entonces, ¿qué conviene más: una o dos cámaras? La respuesta depende del camino que se tome para reformar la forma de elección de los congresistas. Es decir, antes de pedir opinión, muestren el paquete de reformas completo. De ello depende una respuesta con sustento.

Tú lo trajiste, tú te lo llevas

Hace muchísimos años, en una joven organización política universitaria, cuyo nombre es mejor guardar en el recuerdo, a uno de sus miembros se le ocurrió incorporar a un muchacho que no tenía mayor defecto, salvo el de ser un pesado irredimible. Cuando los meses pasaron y se hizo insostenible la convivencia, alguien sugirió pedirle al insoportable que se fuera. Todos de acuerdo, pero ¿quién le decía que no lo querían ni ver? Las miradas se volvieron al que lo trajo y la frase del líder del grupo lo aclaró: "Tú lo trajiste, tú te lo llevas".

Sabio principio de responsabilidad que debería existir en toda organización política. Porque, ¿quién puso a Elsa Canchaya en la lista parlamentaria? ¿Quién puso a Walter Menchola (de numero uno) sabiendo que sus tres concuñados -ojo, tres de tres- trabajan en la Municipalidad de Lima? ¿Se ha hecho responsable Lourdes Flores o Luis Castañeda Lossio por una pésima decisión? ¿Se ha hecho responsable Keiko Fujimori por poner al congresista Pando (ese que tiene una empleada fantasma cobrando hace meses) en la lista o, más bien, viene haciéndose la loca?

En el mercado, hasta las transacciones más simples tienen garantía. Una lavadora o una refrigeradora tienen la garantía del fabricante de, al menos, un año. Si se malogra, uno tiene a quién reclamarle para pedir su reparación o cambio. ¿Por qué entonces no exigimos que los partidos se hagan responsables por las tropelías de quienes hoy, a menos de un año de instalados, medran con el poder para beneficio personal?

Hemos visto que son los partidos los que, a última hora y de cualquier forma, ponen a cualquiera (a veces, al que paga más) en sus listas parlamentarias, llenando cuotas femeninas de cualquier modo, con gente que ni conocen ni quieren respaldar en el futuro. Esas candidaturas no tienen ni 60 días para ser revisadas por el pueblo, que vota a ciegas con la esperanza de que el aval del partido o la alianza sea suficiente. Con ese sistema, la estafa está a la vista.

El problema que hoy vive el Congreso está tanto en su origen como en las sanciones inexistentes para las agrupaciones políticas. Si los partidos están en el inicio del problema, ellos tienen que dar a conocer las listas de candidaturas con un mínimo de seis meses de anticipación y con un mes para tachas y no tres días como es hoy.

Del mismo modo, los partidos deben ser penalizados por colocar indeseables: un congresista expulsado, un congresista menos para la bancada. Tal vez así se lleven a sus recomendados a otra parte y se tomen su trabajo (de filtro) más en serio.

Papeletas lexicográficas* para un diccionario de lenguaje político

Decisión política

1. Frase usada para justificar actos irracionales pero populares que aspiran a un futuro retorno en votos. La común expresión "esa fue una decisión política" se utiliza, por ejemplo, cuando se gasta mal o en exceso el dinero público, se dan amnistías, se privilegia a algunos, se nombra a incapaces o se viola la ley para "un fin superior" que solo el político conoce.

2. La expresión "faltó decisión política" se utiliza para señalar que el político se acobardó y no actúo de la manera irracional que se le exigía. Es decir, por ejemplo, no construyó la carretera que no llevaba a ninguna parte o decidió que el saneamiento de una calle era más importante que la plaza de toros o el palacio municipal.

Error
Decisión política inmoral o ilegal o delictiva. La invocación del error sirve, por ejemplo, para justificar el nombramiento de un funcionario incapaz o inhabilitado o suscribir actas con cocaleros que violan tratados o para sobrevaluar patrulleros o ambulancias o contratar publicidad camuflándola en los contenidos informativos de un periódico para levantar la imagen del Ministro. El error también se ha invocado utilizando la expresión "ha sido una soberana estupidez".

Precísase
Conjugación del verbo precisar utilizada en normas legales para corregir, de forma retroactiva (y, por lo tanto, ilegal), los errores de las decisiones políticas. Alude a que el error no existe y que solo es necesario precisar la norma para que en su interpretación esto quede claro. Último y socorrido recurso para evitar la cárcel.

Ley de nepotismo
Norma que prohíbe al funcionario público contratar a sus nietos o a su abuelo, pero que le permite meter a trabajar al Estado a sus concuñados, a la conviviente de su hijo, a la sobrina de su mujer, a su amante o a su empleada doméstica. Es "perfectamente legal", como diría Al Capone.

Emergencia
Situación de absoluta normalidad en la que se apela a la existencia de una inexistente emergencia para poder usar normas de excepción que permiten gastar más, mal y, pretendidamente, a toda velocidad.

Gestionar
Verbo utilizado por los congresistas que descubren, al ser elegidos, que no tienen ni iniciativa de gasto ni ejecución del mismo. El verbo gestionar equivale a presionar, hacer lobby o negociar. Aunque la ley lo prohíbe, a falta de cumplimiento de su oferta electoral que siempre contiene obra pública, el congresista promueve decisiones políticas y no es responsable de sus consecuencias.

*Con el perdón de Ricardo Palma

A falta de shock, buena es la emergencia

El publicitado 'shock' de inversiones fracasó porque el Ejecutivo no pudo invertir, en los plazos establecidos, el íntegro de lo aprobado. Lo que es peor, destapó una serie de corruptelas que favorecieron precios sobrevaluados, postores únicos y, en general, un trato poco competitivo. Por citar un ejemplo, en el programa Agua para Todos se permite que el 100% de las obras, en las localidades fuera de Lima, sea entregado al mismo postor, aunque este cambie de nombre para evitar ser identificado.

Así se aprende, nos dijeron voceros del Ejecutivo. Errores, fruto de la buena voluntad, dijo algún ministro en apuros, recordando la excusa más usada del actual presidente para justificar su anterior gobierno. Entonces, se prometió una revisión del procedimiento de contratación de selección abreviada que tantos problemas había traído, así como un mayor control de las ventanas de oportunidad para la corrupción.

¿Y qué pasó? Muy por el contrario, el Gobierno publicó este jueves un decreto de urgencia que declara en emergencia la ejecución de diversos proyectos de inversión. La palabra 'emergencia', amada por la burocracia (tiemble cada vez que la lea, porque su plata corre el riesgo de irse por el caño), no es más que un eufemismo -¿cuál es la emergencia?, ¿alguien sintió el cataclismo?- que equivale a la licencia para hacer prácticamente lo que les dé la gana en materia de contratación de obra pública. Para que no quede duda, el decreto aplica a todos los procesos de obra pública que se declaren "prioritarios" el ya famoso procedimiento de selección abreviada que nos iba a garantizar tener patrulleros y ambulancias sobrevaloradas.

Aunque en el Gobierno se crea lo contrario, las demandas sociales en el interior del Perú no tienen relación directa con la ejecución de obras públicas, pero sí con problemas de gestión como, por ejemplo, no haber aprobado oportunamente la contratación de maestros en Cusco y Loreto.

El Perú no necesita carreteras donde no hay vehículos, hospitales donde no hay enfermos o escuelas donde no hay niños. Peor aun, tampoco necesitamos costosísimas irrigaciones para incorporar tierras a mercados agrarios con precios diminutos debido a la sobreproducción de cultivos.

Pero todo ello se podría ejecutar debido a la falta de análisis de la rentabilidad social de esas obras, lo que poco parece importar a un gobierno que, escaso en logros sociales, está desesperado por exhibir lo que sea.

Y al ortodoxo ministro de Economía, ¿le metieron el gol en su ausencia? ¿Se tragará el sapo? Veremos en los próximos días.

Amor al chicharrón

Estuve 15 días de vacaciones. Cuando me fui, parecía que el premier se salvaba de la interpelación que le tocaba, como mínimo, por cometer la burrada de designar en un cargo público a un personaje que él mismo inhabilitó.

Al que más bien dejé en una situación precaria en el puesto, dada la gravedad de su conducta como beneficiario de las 'mermeladas' contratadas para mejorar su imagen, era al ministro de Vivienda, Hernán Garrido Lecca. Sorpresas te da la vida. Llegué a Lima y el interpelado era Del Castillo. ¿Cómo quedó la votación para aprobar la interpelación de Garrido Lecca? 29 a favor, 28 en contra (obvio, los apristas) y ¡25 abstenciones! ¿Ausentes? 38 congresistas en fuga.

¿Abstencionistas y ausentes? Casi todo el nacionalismo y la UPP. ¿Y la anunciada censura? No se habló más. Reviso periódicos de días posteriores y el asunto ¡desapareció!

¿Qué pasó? Dos explicaciones pueden ayudar a comprender tanta magnanimidad del Congreso con el ministro de la imagen mejorada. La primera, y más simple, es que se mueren de envidia. Efectivamente, tener contratado a un periódico, por más desprestigiado que sea, debe ser el sueño de algunos políticos.

Tal vez, exonerando al ministro, piensan (¿?) que quede el precedente para que ellos puedan hacer lo mismo. Es más, ¿por qué no aprobar un proyecto de ley para legalizar la 'mermelada'? Disculpen la amoralidad, pero es la única explicación racional para entender la conducta de todos los congresistas que se abstuvieron de votar. ¿Cómo te puedes abstener frente a la inmoralidad de comprar contenidos para que, engañando a tus votantes, pases como información lo que es publicidad? Siendo amoral, no cabe otra.

La segunda explicación viene en una genial caricatura de Juan Acevedo en la que el ministro camina por un pasillo cargando baldes de agua que le reclaman desde distintos cuartitos de un identificable solar.

Porque el agua para todos del ministro se puede convertir en fotos y en inauguraciones para todos. ¡los congresistas! ¿Y no es mejor si se paga (con nuestro dinero) para que el cherry ya no solo incluya al ministro sino también al congresista en su localidad? Faltaba más; donde entra uno, entran dos. ¿Lo habrá ofrecido así el ministro? Dice el primer ministro que no. Le dejo a usted, lector, decidir si le cree.

Suerte la de Garrido Lecca. Solo un consejo, señores congresistas de UPP y el PNP, después de apañar esta porquería, absténganse de hacer el ridículo dando lecciones de moralidad pública. ¿O ante la vergüenza rectificarán, como ofreció el congresista nacionalista Werner Cabrera -ante la pregunta que le hice en Prensa Libre- que no podían sostener la incoherencia de su postura?

Tiempo hay, veremos si hay ganas.

Una soberana estupidez

A nueves meses de gobierno, las crisis ministeriales ya tienen un patrón:

1) El ministro se convierte en un soberano estúpido (palabras de nuestro presidente al referirse al ministro Garrido Lecca).
2) La prensa lo descubre.
3) El presidente lo flagela en público.
4) El ministro asegura que nunca supo nada bajo el lema "más vale estúpido que condenado" (¿esa no la había patentado Fujimori?).
5) El ministro "toma medidas severas": llama a la Contraloría y despide a un número indeterminado de desconcertados funcionarios.
6) Se declara que el estresado ministro, oficialmente, ha cometido un error. El presidente lo bendice urbi et orbi (reconozcamos que la salida de Pilar Mazzetti fue un costo del perfeccionamiento de la técnica).
7) Gran Final: La oposición, de juguete, a lo más, lanza un cohetecillo y Meche Cabanillas les dispara un cañonazo.
8) Epílogo: Mensaje a la prensa crítica a través de la que, siempre solícita, se presta para eso: "O miras el futuro conmigo o circulo tu file con tu pasado fujimontesinistacaviar sazonado con unos cuentitos más de tu vida personal, ¿estamos?".

Yo pregunto: ¿qué habría hecho el Apra si durante el ministerio de Rospigliosi la Policía hubiera disparado a matar contra una turba en Chimbote con el saldo de un muerto? ¿Qué hubiera hecho Rafael Rey, por poner un ejemplo, si descubría que Carlos Ferrero compraba dizque publicidad en La Razón para que le voltearan notas de prensa a su favor? ¿Qué hubiera pasado con la oposición a Toledo si Waisman firmaba un acta con los cocaleros suspendiendo la erradicación? O, más bonito, ¿se imaginan al Apra frente a 'Popy' comprando camionetas sobrevaluadas? ¿Al Apra frente a la contratación de Pandolfi efectuada por PPK? ¿Se imaginan? Mínimo, ministro censurado.

No se puede culpar al Gobierno de tener la oposición que tiene. A quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga. Pero sí es bueno, desde la prensa, recordarle al Gobierno que la democracia se hace de pesos y contrapesos y que, cuando estos no existen, vamos por mal camino.

La interpelación, la censura, la fiscalización, son mecanismos democráticos que no ofenden a nadie y sirven de remedio a los horrores (¿errores?) políticos de los ministros.

Lamentablemente, la prensa está sustituyendo la labor de fiscalización de la oposición y al Gobierno le está comenzando a fastidiar mucho.

Están perdiendo la correa y el sentido del humor. La presentación del primer ministro ante el Congreso da cuenta de ello. Ahora resulta que apoyar una interpelación es apoyar una humillación del mismo modo que, como lo es para el vicepresidente, una citación judicial. La arrogancia de la justificación de los 'errores' tiene, sin embargo, un efecto peor: la pérdida de la vergüenza.

Las cochinas mermeladas del ministro Garrido Lecca son indefendibles y, si son una "soberana estupidez", entonces que el soberano comience a actuar con "soberana lucidez".

Mientras tanto, la prensa independiente, a la que quieren embarrar, va a seguir peleando por informar a su audiencia. Ni se asusta ni se vende. Por si acaso. Alto, claro y en público.